Define un marco de actuación para la revisión, conservación y mejora de los equipamientos e infraestructuras públicas existentes. Puede incluir labores de inspección técnica, mantenimiento preventivo y correctivo, reposición de elementos, mejora de la eficiencia energética o incorporación de sistemas de monitorización. Asimismo, puede contemplar apoyo a los municipios para garantizar el correcto funcionamiento y la durabilidad de los edificios y espacios de titularidad pública, contribuyendo a optimizar su uso y prolongar su vida útil.